• CEACCU se ha sumado a la campaña contra la pobreza energética impulsada por diferentes colectivos sociales.
  • Respecto al bono social, CEACCU denuncia que fue una solución legalmente precaria para tapar subidas brutales del recibo y que nunca ha cumplido su función de proteger a consumidores vulnerables.
#Nomáscortesdeluz

#Nomáscortesdeluz

CEACCU considera inaceptable el encarecimiento continuado del recibo de la luz que se han producido en los últimos meses, superando ya el 28% de subida desde el mes de abril.

Tal como CEACCU denunció con el cambio de tarifa que acabó con la subasta como mecanismo para marcaba el precio de la electricidad, el principal problema del precio de la energía quedaba sin resolver: la retribución de la generación eléctrica de acuerdo al coste de la energía más cara que interviene en el proceso de generación. Es una de las causas que explica que los consumidores sigamos pagando la luz muy por encima de su coste real y a un precio muy superior al del resto de países de Europa.

Es decir, el fin de la subasta eléctrica solo resolvió una parte de las anomalías en la fijación del precio de la luz al evitar los mecanismos especulativos que tendían, por su propio funcionamiento, a incrementar, aún más, la factura final. Sin embargo, no se entraba al fondo de la cuestión: la necesidad de una auditoría oficial de todos los costes del sistema y nuevo cálculo de los mismos a partir de cero con total transparencia, según se comprometieron los dos principales partidos.

Las consecuencias de esta situación, en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo de las familias, son cada vez más serias: según una encuesta de CEACCU publicada el año pasado, el 42% de los consumidores pasa estrecheces para pagar la luz.

Además, Las dificultades para pagar el recibo de la luz son “graves” en el 14% de los casos: es decir, casi tres millones de usuarios (2.800.000) sufren privaciones severas.

Se trata de datos inaceptables, que han llegado a ser incluso dramáticos con el caso de la anciana de Reus que murió en un incendio provocado, según todo parece indicar, por una vela con la que se iluminaba al tener la luz cortada por impago. No es la primera vez que denunciamos estos hechos: CEACCU viene exigiendo que las compañías eléctricas no puedan cortar la luz, tanto si existe una reclamación por la factura como en situaciones de pobreza energética.

Respecto al bono social, CEACCCU siempre ha criticado que se trataba de una solución legalmente precaria para tapar subidas brutales del recibo y que nunca ha cumplido su función de proteger a consumidores vulnerables. Por ejemplo, después de un año implantado, a 2 millones de usuarios aún no se les había concedido, a pesar de tener derecho a ello.

Campaña #Nomáscortesdeluz
Por todo lo anterior, CEACCU ha decidido adherirse a la campaña #Nomáscortesdeluz promovida por diversos colectivos sociales, y que pide:

  1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
  2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
  3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
  4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
  5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
  6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.